iTEC ha llegado a un acuerdo con Dharma Consulting, empresa lider en gestión de proyectos y R.E.P. del Project Management Institute para ofrecer su catálogo de cursos virtuales y ser representante en España de Dharma.
El catálogo se compone de varios cursos orientados todos a la certificación PMP® y CAPM®, teniendo todos los cursos una valoración en PDUs, de gran utilidad para mantener los certificados.
De igual manera se presentan dos simuladores de exámenes, tanto para PMP® como para CAPM®, los cuales son fundamentales si se quiere afrontar con éxito los exámenes de certificación.
​Puede acceder a más información sobre los cursos aquí.

iTEC aparece en el número de marzo de la revista Energética XXI en su especial sobre Empresas de Servicios Energéticos en ESPAÑA.
​Pincha aquí para descargar la revista.

A partir de ahora, las grandes empresas deberán realizar una auditoría para mejorar su consumo energético. 

​Se establecen los requisitos mínimos para los profesionales, tanto auditores energéticos como proveedores de servicios energéticos.​

El Consejo de Ministros ha aprobado el 12 de febrero un Real Decreto que impulsa la eficiencia energética en varios ámbitos: auditorías energéticas, acreditación de auditores y proveedores de servicios energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
La eficiencia energética permite reducir el consumo de energía, la dependencia energética del exterior y las importaciones de combustibles fósiles y las emisiones de efecto invernadero. La eficiencia y el ahorro energético son claves para mejorar la competitividad de las empresas y crear empleo.
Este Real Decreto, junto con el resto de normas aprobadas en esta legislatura  que también trasponen la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética, permite impulsar el ahorro y la eficiencia energética contribuyendo de manera decisiva a alcanzar los objetivos de la UE.
Auditorías energéticas
El RD establece la obligación de realizar auditorías energéticas para las grandes empresas de más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de volumen de negocio.Las auditorías energéticas deberán cubrir, al menos, el 85% del consumo total de energía del conjunto de sus instalaciones, y deberán realizarse al menos cada cuatro años.
Se estima que esta medida será de aplicación a unas 3.800 empresas en España, con cerca de 27.000 establecimientos o locales.
Las empresas tendrán un plazo de nueve meses  para realizar las auditorías, y podrán sustituirlas además por un sistema de gestión energética o ambiental e incorporar certificados de eficiencia energética de edificios en vigor.
Las auditorías serán realizadas por auditores energéticos profesionales que cumplan con los requisitos de cualificación que se establecen en este Real Decreto, sin perjuicio de que también podrán realizarse por personal interno cualificado.
Proveedores de servicios energéticos
El Real Decreto establece los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios energéticos, que deberán acreditar su cualificación en materia energética mediante titulación universitaria o de FP, o bien acreditando su competencia profesional teórica y práctica.
Los proveedores de servicios energéticos deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil.
En la sede electrónica del IDAE existe un listado de proveedores de servicios energéticos habilitados.

iTEC, como empresa reconocida por IDAE como proveedor de Servicios Energéticos, ayuda a las empresas a cumplir con el Reglamento, a la vez que proporciona un servicio de gran valor añadido al realizar un trabajo exhaustivo sobre el desempeño energético de las empresas.

Ha comenzado 2016 y es conveniente recordar que sigue abierto el programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios PAREER-CRECE, gestionado por el IDAE (Instituto para el ahorro y diversificación de la energía). Las actuaciones susceptibles de ayuda son las siguientes:

1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.
3. Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.  
4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones térmicas.

Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio. Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse mediante la realización de una tipología de actuación o una combinación de varias.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este Programa:
a) Los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso, bien sean personas físicas, o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. 
b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas como Propiedad Horizontal.
c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal.
d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios. 
e) Las empresas de servicios energéticos.

Desde iTEC hemos gestionado un gran número de solicitudes con inversiones superiores a los 20 millones de euros en este programa de ayudas. 

Si desea información sin compromiso, póngase en contacto con nosotros para que le asesoremos en su inversión.

Innovación y Tecnología Energética de Cantabria aparece en el especial Nuevas Tecnologías publicado por El Diario Montañés el 17 de diciembre de 2015.

En dicho reportaje se hace mención a las dos principales líneas de trabajo de iTEC, que son la gestión de la innovación y la eficiencia energética. 

Así mismo se hace referencia al proyecto de innovación METEO LED, el cual está en proceso de ejecución y con el que se pretende dotar a la sensórica de los alumbrados públicos de un sistema de inteligencia que permita auto adaptar la intensidad lumínica de los alumbrados públicos en función de condiciones físicas del entorno, abarcando muchos más conceptos que la simple regulación por condiciones lumínicas. Dicho proyecto ha sido subvencionado en la convocatoria INNOVA 2015 de la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, por lo que será cofinanciado con fondos FEDER

El Gobierno ha hecho públicas, por primera vez en esta Legislatura, sus intenciones sobre la Planificación Energética 2015-2020 y la senda a seguir para cumplir con los objetivos europeos a 2020. Según el Informe de Sostenibilidad Ambiental que la acompaña, sería necesario instalar entre 4.553 y 6.473 MW eólicos –en función de la evolución de la demanda de energía final­–, hasta alcanzar unos 29.500 MW. Esto significaría que la eólica sería la tecnología que más crecería en España en los próximos seis años.

Para que se instale la potencia eólica que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) considera necesaria, entre 900 y 1.300 MW anuales, habría que invertir entre 6.000 y 8.700 millones de euros. Esto es prácticamente imposible que se produzca con el marco regulatorio que ha traído consigo la Reforma Energética: una normativa que permite cambiar la rentabilidad varias veces a lo largo de la vida útil de la instalación genera incertidumbre y desincentiva la inversión. En el primer semestre de 2014, sólo se instaló en España un aerogenerador de 0,08MW.

Estas previsiones ponen de manifiesto que el cumplimiento de que el 20% del consumo final de energía proceda de fuentes renovables en 2020 está en el aire.  Además, hay que tener en cuenta que en 2020 cerca del 45% de la potencia instalada habrá llegado a los quince años de vida.

Para cumplir con la senda que marca el Ejecutivo para 2020, sería necesaria una regulación estable en todos los ámbitos del estado, lo que supondría dar marcha atrás en la Reforma Energética. De lo contrario, España incumplirá los compromisos europeos, que son vinculantes.

De hecho, un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) –dependiente de la Comisión Europea– sentencia que es improbable que España consiga el objetivo con las actuales condiciones, a la vista de los datos de 2013. Y asegura que “tendrá que diseñar e implementar nuevas medidas o usar mecanismos de flexibilidad” para conseguir los objetivos. El informe indica que España, al igual que Bélgica, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Hungría, Rumanía y Letonia, debe “conseguir un crecimiento absoluto dos o tres veces mayor al del periodo 2005-2012” en renovables. Para ver el informe, pincha aquí.

España ocupa el puesto 27 en el Índice Mundial de Innovación, indicador publicado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Universidad Cornell y el INSEAD que ofrece cada año un ranking de la innovación en las principales economías del mundo.

Según explica el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la clasificación del año 2014 recoge la situación de la innovación en 143 países mediante un índice compuesto que se basa en un total de 81 indicadores. Por un lado, se miden los aspectos que facilitan las actividades innovadoras en una economía tales como el marco institucional, el capital humano y la investigación, las infraestructuras, la sofisticación del mercado y de las empresas.

Por otro lado, se valoran los resultados de la innovación en la economía analizando la creación y difusión de conocimientos y tecnologías, así como el impacto de la creatividad.

Entre los diez primeros países hay un total de siete europeos. Suiza lidera la clasificación junto a Reino Unido, Suecia, Finlandia y Países Bajos. Estados Unidos figuran en quinto lugar, completando la lista de los diez mejores Singapur, Dinamarca, Luxemburgo y Hong Kong.

Irlanda (11), Alemania (13), Noruega (14) y Austria (20) logran estar entre los veinte mejor clasificados como naciones europeas. Japón se sitúa en el puesto 21 y, a continuación, figuran Francia, Bélgica, Estonia, Malta y la República Checa.

Pese a que España está entre los 30 primeros países del mundo en innovación, en el puesto 27 mencionado, esta posición está bastante alejada de los mejor clasificados, aventajando dentro de la Unión Europea, tan solo, a Italia y Portugal, así como a una serie de nuevos miembros.

Rumanía es la economía peor clasificada de la Unión Europea ocupando el puesto 55.

Según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015, el Gobierno ha aumentado en 35,49 millones de euros el presupuesto para políticas de I+D+i civil, lo que supone un 1,3% más que en 2013, hasta los 5.668,64 millones de euros. Esta práctica representa el 89% de la política de I+D+i.

Además, dentro del plan CRECE, de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, la investigación e innovación empresarial recibirán 100 millones de euros extra.

A juicio del Ejecutivo, la inversión realizada en estas políticas en los últimos años ha permitido "aproximar los recursos públicos del sistema de I+D+i a la media comunitaria". En su opinión, los niveles de financiación del sector son "razonables" y responden a las directrices del Gobierno "en relación a un cambio de modelo productivo" que contribuya "a la recuperación económica y al desarrollo social del país a través de políticas de innovación y transferencia de tecnología".

Del mismo modo, desde el Gobierno se destaca que ha "dotado al sistema científico de los créditos que permitan mantener, en la medida de lo posible, la cotas de excelencia alcanzada en los últimos años y conseguir que los recursos y capacidades con los que hoy cuenta la ciencia española".

Concretamente, en materia de I+D+i civil se produce un incremento, tanto en los créditos del presupuesto no financiero (subvenciones), hasta los 2.243,44 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,3% respecto de las dotaciones de 2014; como en los créditos del presupuesto financiero, destinados a la concesión de préstamos y anticipos, que se elevan a 3.425,20 millones de euros, un 1,2% más que en la partida del año pasado.

El Gobierno explica que, con esta subida se persigue un doble objetivo: dar respuesta a la necesidad de aumentar la participación del sector empresarial en la financiación y ejecución de la política de I+D+i y procurar una adecuada cobertura para financiar las actuaciones derivadas del Plan de Medidas para el Crecimiento de la Competitividad y la Eficiencia, aprobado por el Consejo de Ministro de 6 de junio de 2014.

Tres meses después de la fecha límite fijada por la Unión Europea para trasponer la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE (5 de junio de 2014), España continúa sin haber adaptado a su legislación las medidas obligatorias para la promoción de la eficiencia energética que incluye dicha Directiva.

Esta demora ya ha supuesto la apertura de un nuevo prodecimiento de infracción por parte de la UE, que la Comisión Europea notificó de manera oficial el pasado 22 de julio. Este procedimiento de infracción se abre pocos meses después de que el Tribunal de Justicia de la UE condenara a España por el retraso en la adopción de normas orientadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios.

En esta ocasión, las medidas en pro de la eficiencia energética de la Directiva 2012/27/UE buscan asegurar que en el año 2020 se haya reducido el consumo energético en un 20 % frente a los niveles de 1990, un objetivo que, de momento, no lleva camino de cumplirse. Hasta la fecha, nuestro país sólo ha hecho público un proyecto de Real Decreto que proponía una trasposición poco ambiciosa y alejada del espíritu de la norma europea, lo que le valió numerosas críticas, entre otras,  las realizadas por A3e - Asociación de Empresas de Eficiencia Energética. 

Para A3e, este nuevo retraso también supone un incumplimiento del rol dinamizador y ejemplarizante que esta Directiva asigna a la Administración pública como promotor de la eficiencia energética. Al mismo tiempo, la falta de seguridad jurídica continúa ralentizando el desarrollo de este sector, clave para aumentar la competitividad de las empresas españolas y superar la actual crisis económica.

La Administración General del Estado destinará 3.941,2 millones cofinanciados con el fondo FEDER al programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020 (POCInt), con el objetivo de contribuir a la mejora y recuperación de la competitividad de la economía a través del impulso de un modelo de crecimiento más inteligente, apoyado en la investigación el desarrollo y la innovación, las TIC y las pymes.

El POCInt abarca a todas las Comunidades Autónomas, además de Ceuta y Melilla, y buscará la creación e internacionalización de las empresas, así como fomentar la inversión productiva.

Las líneas estratégicas de este programa, que se concentran en tres objetivos temáticos, ya han sido remitidas a Bruselas para su posterior debate y aprobación definitiva en los próximos meses.

El primero de los objetivos temáticos, I+D+i, pretende alcanzar un gasto en I+D sobre el PIB del 2% en 2020, reforzando el sistema de I+D+i español, con especial atención a la inversión empresarial, para lo que se destinarán casi 2.805 millones de euros de ayuda FEDER, el 71% de los recursos del programa operativo.

En este ámbito, el sector público se centrará en fortalecer las capacidades científico técnicas de los grupos de investigación, el talento y su empleabilidad y mejorar el equipamiento científico-tecnológico de los organismos de investigación.

Por su parte, la I+D+i llevada a cabo por el sector empresarial tendrá como objetivo estimular la inversión en este campo para la incorporación de tecnologías innovadoras y para el desarrollo de nuevos servicios y productos, estimulando la colaboración entre empresas y fomentando que la investigación realizada en universidades organismos públicos y demás centros de I+D se orientes hacia las necesidades y la resolución de los problemas empresariales.

Otros de los objetivos que persigue esta iniciativa es alcanzar una cobertura del 100% de la población del al menos 30 Mbps, y que casi el 50% de los hogares estén abonados a servicios de velocidad superior a 100 Mbps, para lo que destinará un total de 821,4 millones de euros del FEDER, lo que supone el 21% de los recursos del programa operativo.

Además, se promoverán aspectos como el uso del comercio electrónico y servicios públicos digitales, sobre todo en sanidad y educación, como la implementación de la Historia Clínica Digital del Servicio Nacional de Salud (SNS) y la receta electrónica interoperable. 

El último objetivo temático es que las pymes incrementen su base exportadora, su capacidad de innovación y su inversión productiva, mejorando su competitividad, para lo que se destinarán 314,8 millones de euros del FEDER, un 8% del programa operativo. Para ello, se centrará en aspectos como el fomento del espíritu emprendedor y la creación de empresas, el apoyo a la internacionalización de las pequeñas y medias empresas como factor clave de su competitividad futura y una mejora al acceso a la financiación, sobre todo en las zonas más desfavorecidas.